Amenazas del proyecto de apertura de cabotaje.
Héctor Henríquez Negrón
Presidente ARMASUR A.G.
En el sur austral de Chile, es decir, de Puerto Montt al sur, hay alrededor de 200 servicios de conectividad marítima multimodal, de los cuales cerca de 150 son subsidiados, que permiten la integración territorial, conectando a más del 38% de la superficie y donde habita el 6% de la población nacional. Que suman más de 250.000 zarpes al año y movilizan aproximadamente a 6 millones de personas que se trasladan por fines sociales, económicos y turísticos. Se realizan en naves menores y mayores que agrupan cerca de 50 armadores/operadores y sobre 1.000 trabajadores embarcados o gente de mar.
Esta realidad se ve amenazada, con el proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento, que busca que naves, armadores y trabajadores extranjeros puedan hacer cabotaje en Chile, contradiciendo lo que impera en el mundo donde cerca del 80% de los países con acceso al mar tienen reglas restrictivas para el cabotaje a extranjeros, por razones geopolíticas y de soberanía.
La iniciativa legal promueve que buques extranjeros que estén en tránsito por el territorio nacional, con su flete ya pagado, utilicen los espacios de carga que van dejando en su operación, tomando carga nacional y cobrando un flete marginal, imposible de alcanzar por servicios establecidos con frecuencia y regularidad conocidos por todos los usuarios.
Lo anterior, constituye a nuestro juicio, una competencia desleal, o al menos una distorsión a la competencia para el mundo del emprendimiento laboral local y chileno. En el transporte internacional, lo que prevalece son las llamadas banderas de conveniencia que compiten por tener menores costos laborales, tributarios y otros que hacen que los buques nacionales no puedan competir, fragilizando con ello toda la conectividad e integración territorial.
Estamos convencidos que este proyecto busca beneficiar a grandes consignatarios de carga nacionales que están en la zona central y norte del país, a navieras extranjeras y transnacionales en perjuicio de empresas nacionales pequeñas y medianas, de los trabajadores embarcados y gente de mar locales y chilenos, y a los usuarios de los servicios de conectividad que requieren servicios regulares, con frecuencias e itinerarios conocidos.
Nuestra legislación considera que bajo ciertas circunstancias en forma acotada y transitoria, se pueda embarcar personal extranjero en naves de bandera nacional. Otra cosa muy distinta es este proyecto de ley, que amenaza reemplazar a los armadores y trabajadores de la marina mercante nacional.
